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Corte constitucional, sentencia T- 157 del 09 de marzo de 2017 (Respaldan sentencia Unificadora sobre la condición más beneficios en la pensión de invalidez)

Si bien la norma aplicable al reconocimiento de la pensión de invalidez es en principio, la que se encontraba vigente al momento de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, la línea jurisprudencial constante y recientemente unificada obliga a que se respeten las expectativas generadas en los solicitantes al auspicio del régimen dentro del cual realizaron las cotizaciones. M.P Alberto Rojas

Consejo de estado, sección segunda sentencia 00942015 del 12 de abril de 2017 (Que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de la sanción moratoria de las cesantías cuando existe acuerdo de reestructuración de pasivos )

El consejo de estado recordó que los acuerdos deben contar con la aprobación de los trabajadores, sin que se puedan desconocer derechos ciertos e indiscutibles, tampoco se pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación y tampoco pueden evadir el pago de la obligación, si no concederse rebajas, disminución de intereses y la concesión de plazos o prorrogas. Debe obrar prueba de que el trabajador ha consentido en la aprobación del acuerdo o que la entidad los ha citado. En el evento en que la entidad territorial informa a los acreedores la apertura del proceso previsto en la ley 550 de 1999, así como la determinación de la obligación a pagar, sin que la objete, se suspende la contabilización de la sanción moratoria hasta la ejecutoria de la decisión que determino el pago de tal acreencia. C.P William Hernández

Corte Constitucional, Sentencia Su -310 del 10 de mayo de 2017 M.P Aquiles Arrieta Gómez (Incremento del 14% del artículo 21 del decreto 758 de 1990 no prescribe )

La corte concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso a la seguridad social y al mínimo vital de los accionantes quienes solicitaron el incremento del 14% sobre pensión mínima legal, por cónyuge, compañero o compañera permanente a su cargo de conformidad con el artículo 21 del decreto 758 de 1990, dado que este derecho no es prescriptible. M.P Aquiles Arrieta Gómez

Consejo de estado, auto 2218-16 del 15 de marzo de 2017 (No procede tercerización laboral por vía reglamentaria )

Los enunciados normativos demandados en los numerales 4 y 6 del artículo 2.2.3.2.1 del decreto reglamentario 1072 de 2015, desbordan materialmente el contenido esencial del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, el cual hace referencia a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado ni ninguna otra forma de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes. C.P Sandra Ibarra Vélez

Consejo de estado, sección quinta, sentencia 06188 del 06 de abril de 2017 (Amparo Transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada a Madre Cabeza de Familia)

Indica la sala que la estabilidad laboral reforzada de la que gozan los padres y las madres cabeza de familia se extiende a la permanencia en el cargo, hasta tanto la entidad se encuentre liquidada, el estado debe mantener la protección, ya no con la permanencia en el empleo, si no reubicándolos o indemnizándolos. C.P Carlos Enrique Moreno

Consejo de estado, sección quinta, sentencia 03126 del 6 de abril de 2017 (Reajuste de la asignación de retiro de miembros de la fuerza pública, defecto sustantivo por aplicación de norma derogada )

La sala encuentra demostrado el defecto sustantivo elevado por la tuteante, en la medida que para resolver su demanda ordinaria se acudió a una norma que esta derogada, artículo segundo del decreto 2863 de 2017, situación que afecta el derecho al debido proceso de la parte actora y que conlleva a que se deba dejar sin efectos la sentencia de 16 de junio de 2016 dictada por el tribunal administrativo de Cundinamarca C.P Lucy Bermúdez

Consejo de estado, sección segunda sentencia 290514 del 9 de febrero de 2017 (Anulan regulación que establecía edad de retiro forzoso para curadores)

El consejo de estado declaró la nulidad del aparte “no mayor de 65 años”, contenido en el artículo 83 del decreto 1469 de 2010 y el art 102 de dicha norma, que regulaban la función pública que desempeñan los curadores urbanos, según el fallo el ejecutivo excedió la potestad reglamentaria C.P Sandra Ibarra

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